La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha detectado en los últimos ocho meses 2.757 unidades alojativas que se explotan sin la preceptiva autorización turística. Dentro de este plan especial puesto en marcha para contrarrestar la oferta ilegal existente en las Islas ya se ha abierto expediente sancionador a casi 1.000 de estos alojamientos que pueden corresponder a un apartamento, una habitación de complejo o una casa rural. De las mismas, 76 ya cuentan con sanción por un montante total de 2,3 millones de euros. La falta de la documentación preceptiva para ofrecer pernoctación turística está tipificada como falta muy grave con multas entre 30.000 y 300.000 euros.

El viceconsejero regional de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, dio ayer a conocer los primeros resultados de este plan especial de control de las unidades alojativas que se explotan sin autorización resaltando que “esta es una de las prioridades que va a tener este departamento a lo largo de esta legislatura”. Fernández de la Puente indicó que este celo “no tiene afán recaudatorio, sino que su objetivo es corregir y legalizar la oferta que ha sido detectada careciendo de la necesaria documentación turística”. El departamento autonómico responde con esta actuación a las quejas formuladas par las patronales turísticas provinciales sobre esta creciente “competencia desleal”.

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